El Tribunal General de la UE recibió recursos del Gobierno de España, del País Vasco, Galicia, Cataluña y Navarra contra la decisión de la Comisión Europea (CE) que declara ilegales y obliga a devolver alrededor de 260 millones de euros en ayudas concedidas a los operadores de televisión digital terrestre (TDT).
Así lo han indicado fuentes del Tribunal, que explicaron que los documentos fueron presentados entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre. Por el momento, no hay fecha para que la Corte pronuncie sentencia, aunque previsiblemente tardará varios meses, precisaron las mismas fuentes.
Una vez que el Tribunal se pronuncie, España y las cuatro comunidades autónomas tendrán la posibilidad de presentar un nuevo recurso en casación ante la máxima instancia judicial comunitaria, el Tribunal de Justicia de la UE.
Los recursos presentados pretenden dejar sin efecto la decisión que la CE adoptó el pasado 19 de junio que obligaba a recuperar en el plazo de cuatro meses el dinero público que España dedicó a financiar la digitalización y la extensión de la red de TDT en zonas remotas del país (excepto en Castilla-La Mancha).
El Ejecutivo comunitario concluyó entonces que las subvenciones eran incompatibles con las normas comunitarias porque suponían una “ventaja selectiva” para los operadores de plataformas frente a sus competidores.
España decidió en 2005 subvencionar la transición a la TDT en regiones remotas, que abarcan alrededor del 2,5% de la población, y también incluyó ayudas para la explotación y el mantenimiento de la infraestructura.
La CE inició en 2010 una investigación sobre el caso después de recibir una denuncia de un operador de plataforma por satélite (Astra) y constató que efectivamente la financiación pública se destinó en exclusiva a los operadores terrestres, mientras que otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones.
Bruselas recordó que en otros países de la UE también se ha subvencionado la conversión digital, pero con respeto al principio de neutralidad tecnológica, mientras que en España se “ha falseado indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías”.
La decisión de la Comisión del 19 de junio, que posteriormente fue hecha pública en su versión completa, incluye un listado con los beneficiarios de la ayuda y las cantidades que se calcula que recibieron, aunque la cifra definitiva a recuperar tendrá que ser señalada por España.
La CE cifra las ayudas españolas a la TDT en unos 260 millones de euros, de los que 236 millones corresponden a la suma del dinero público dedicado a cada región y al menos otros 32,7 millones de euros, a las llamadas “ayudas en curso”, destinadas al mantenimiento de la red terrestre entre 2009 y 2011.
Bruselas advierte, no obstante, de la dificultad que existe para concretar las ayudas debido al baile de cifras entre “la cuantía declarada de fondos concedidos por las autoridades” y “el total de los fondos transferidos a raíz de las licitaciones comunicadas a la Comisión”.
Ambas cifras sólo coinciden en el caso de Asturias (13,7 millones de euros), Castilla y León (37,3 millones), Madrid (3,6 millones) y Navarra (6,9 millones). La CE destaca que, en los casos en que los datos no coinciden, se considerará que el importe de ayuda estatal es el más elevado de los dos declarados.
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